Ciencia y Caza

Una incertidumbre lógica sobre lo que resta de temporada se planteaba entre los cazadores de Castilla y León hace unos días, tras un auto dictado por el Tribunal Superior de Justicia en el que suspendían de forma cautelar cuatro artículos de la Orden Anual de Caza, concretamente en lo que respecta a las especies de caza menor. Este auto suponía la paralización cautelar también de la caza en la Comunidad, al menos en lo que a la menor respecta. Sin embargo la Administración Regional y Federación de Caza, dieron por hecho que esas medidas cautelares no se adoptarín por el momento, puesto que el proceso judicial seguía en marcha y los servicios jurídicos de la Junta de Castilla y León trataban de agotar todos los plazos, recursos y ruegos necesarios para conseguir el tiempo suficiente para que esto no se produjese.

Este conflicto se generó tras una denuncia efectuada por Ecologistas en Acción que se basaba en que, según la Directiva Comunitaria de Aves (DIRECTIVA 2009/147/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 30 de noviembre de 2009 relativa a la conservación de las aves silvestres), para determinar las especies cazables debe existir una normativa de rango superior que transponga esa Directiva y sus condicionantes y que garantice un aprovechamiento sostenible de las especies incluidas en ella.

En ese sentido, la Junta de Castilla y León, desde el 2009, no había publicado aún esta norma y por eso el colectivo ecologista aprovechó la situación para intentar que la actividad cinegética de la Comunidad se paralizase.

Es verdad que la Administración no hizo los deberes correctamente, sin embargo, eran de nuevo los cazadores los perjudicados por una resolución judicial que, de llevarse a término, hubiera dado al traste con lo que queda de temporada y, de no subsanarse a tiempo, quizás también con la siguiente, con las perdidas asociadas que se hubieran generado en diferentes sectores, cazadores, arrendatarios, titulares de terrenos, gestores... e, incluso, ecosistemas.

Sin embargo, la Consejería de Medio Ambiente y Fomento se comprometió a publicar en el Boletín Oficial de la Comunidad el Decreto necesario para que este problema se solucionas definitivamente, y así fue. En un tiempo inusalmente corto, el pasado 24 de noviembre, se publicaba en el BOCYL el DECRETO 65/2011, de 23 de noviembre, "por el que se regula la conservación de las especies cinegéticas de Castilla y León, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre", dejando así resuelto el problema. Un decreto completo e interesante, que es necesario leer y, por supuesto, cumplir, redactado en unos pocos días, ¡¡a grandes males, grandes remedios!! Además, un día después, en el BOCYL se publicó la ORDEN FYM/1489/2011, de 24 de noviembre, "por la que se aprueba la Orden Anual de Caza", para adaptarla al nuevo decreto.

Ojalá esta situación no se vuelva a repetir y los cazadores no vuelvan a ver peligrar una temporada por un trámite burocrático o una inacción administrativa, eso si, complicada por la actuación de un grupo ecologista. Una actividad como la caza, ancestral, necesaria y de gran calado económico y social en España no debería ponerse nunca en cuestión hasta este punto. Por otra parte, como ocurre en otros países, la administración, los grupos ecologistas, cazadores, habitantes del medio rural… deberían trabajar juntos y no enfrentados, como ocurre aquí muchas veces, para que la caza y la conservación vayan de la mano en favor de un beneficio medioambiental, social y monetario y se haga real la máxima del necesario desarrollo rural sostenible, en el que la actividad cinegética debe jugar un papel fundamental.