Ciencia y Caza

Ahora que la crisis azota, tanto a las personas que viven en la ciudad como a los habitantes del campo, no solo por una perdida de poder adquisitivo, sino también por una reducción en el número de proyectos de infraestructuras y servicios, es fundamental buscar alternativas que favorezcan el desarrollo de este medio rural, motor base de cualquier sociedad.

En ese sentido, la actividad cinegética puede ser una herramienta fundamental que estimule la dinamización y proporcione interesantes recursos, económicos, sociales y medioambientales en los entornos en los que se practica.

En este momento, en el que está a punto de comenzar la temporada, es interesante destacar la cantidad de puestos de trabajo que proporciona la caza y el volumen económico que se mueve (armas, perros, coches, hoteles, fincas, comidas, etc.) siendo por tanto un elemento de desarrollo.

Con esta perspectiva se celebró el 29 y 30 de septiembre en Toledo el Primer Congreso Nacional sobre Caza y Desarrollo Rural, en el que se trataron temas de gran calado para el sector. Se incluyeron los ya tradicionales, aunque no por ello menos importantes, como el volumen económico antes mencionado, pero también otros más novedosos y de gran actualidad como la seguridad jurídica, los oficios o la imagen de la caza en una sociedad cada vez menos tolerante.

Además, se recogió otra gran idea que pretende asociar la imagen de la caza a la imagen de España, al concluir que es el “principal argumento económico y social” del que disponen gran parte de los territorios del país y es fundamental para crear puestos de trabajo en el medio rural, fijar población en estas zonas, favorecer el desarrollo, sin olvidarnos tampoco del importante papel que juega la caza en la conservación del medio natural.

Alcanzar este objetivo pasa por que diferentes estamentos sociales y políticos reconozcan el papel de esta actividad y que los propios cazadores sean capaces de revertir una imagen, muchas veces equivocada, que se tiene del sector. Para ello son necesarias iniciativas legislativas globales, regularización de muchos aprovechamientos económicos mal definidos y, sobre todo, una amplia oferta formativa.