El lobo ibérico es una especie controvertida, conflictiva…, pero singular, emocionante y apasionante y por eso su gestión resulta complicada.
En los últimos tiempos hemos asistido a la presentación en prensa de diferentes conflictos en relación con la caza del lobo, posturas a favor y en contra se enfrentan cotidianamente en un debate interminable. Los ganaderos plantean una postura en la que los daños a sus animales son protagonistas, los cazadores son muchas veces los que tienen que asumir los costes de estos daños por ser los titulares de los terrenos donde se producen cuando es en zonas donde la especie se puede cazar, los conservacionistas plantean censos con los que justifican que las poblaciones de este cánido no pueden aún soportar una presión cinegética elevada si queremos garantizar su viabilidad. En el medio, la administración establece planes de gestión que no suelen dejar conformes a casi nadie, para unos los permisos son escasos mientras que, para otros son completamente desmesurados.
Por otra parte, esta especie cuenta con una particularidad propia, por una Directiva Europea se establece que el lobo ibérico es una especie cinegética tan solo al norte del río Duero y no así al sur de este cauce, de ahí que, hasta el momento, los mayores problemas se produzcan en Castilla y León, Galicia, Asturias o País Vasco.
¿Cuál sería la postura más equilibrada? La respuesta no resulta fácil aunque se podría encontrar si se plantease una gestión comarcalizada de la especie, puesto que la situación es muy desigual, incluso en zonas próximas. Factores como el territorio, la densidad ganadera, la humanización del entorno, la presencia de infraestructuras o la situación legal de los terrenos son determinantes. Sin olvidarnos de de los propios cazadores.
En definitiva, podríamos decir que el lobo es una especie cinegética y que, al menos al norte del río Duero debe ser cazada (probablemente también en algunas zonas del sur donde las poblaciones están alcanzando densidades elevadas) para poder alcanzar el equilibrio de sus poblaciones, la reducción de conflictos y, porque no decirlo, puede ser una importante fuente de ingresos para algunas sociedades. Por eso Comunidades Autónomas como Asturias deberían impulsar modelos en los que se contemple de forma sistemática esta medida, como ya sucede en otras. Tal vez ayudaría a reducir el indeseado furtivismo.
La siguiente pregunta es ¿cuántos? La respuesta no es rotunda, requeriría la participación de profesionales y la realización de estudios al respecto teniendo en cuenta la posible aparición de conflictos. Sería necesario realizarlos cada menos tiempo, puesto que actualmente en algunas zonas se plantean cada 10 años, demasiado tiempo.
La última cuestión sería ¿quién? Posiblemente, desde nuestro punto de vista, tendría una respuesta clara. Los cazadores titulares de los terrenos si así lo solicitan o, en su caso, aquellos que adquieran esos derechos, beneficiando entonces a la zona donde habita el lobo.
La verdad es que aún respondiendo estas inquietudes no quedaría resuelto el tema. Habría que considerar también la responsabilidad de los daños causados por la especie, entrando en una nueva dimensión en la que podríamos incluir a diferentes actores,nuevamente los cazadores, pero también la administración, las compañías de seguros o, incluso, los ganaderos .¿Quién debe pagar? Probablemente un fondo de provisión, quizás compartido, resolvería muchos problemas…
En definitiva el conflicto existe, ha existido y, por desgracia, existirá, si bien el sentido común podría ayudar a que muchas posiciones, ahora contrapuestas, se pudieran acercar notablemente, haciendo de éste un problema menor.
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